Desconfianza de indocumentados en autoridades complica vacunación

En el este de Tennessee los médicos han visto de primera mano cómo una política de inmigración dura puede afectar la salud y el bienestar de una comunidad.

En 2018, agentes federales allanaron una planta empacadora de carne en Morristown, en el Valle de Tennessee, y detuvieron a unos 100 trabajadores sospechosos de ser indocumentados.

En las semanas siguientes, decenas de familias inmigrantes que habían encontrado trabajo en las plantas buscaron santuario en las iglesias y dejaron de ir a las citas médicas.

¿La razón? Los agentes de inmigración estaban vigilando las clínicas.

“No queríamos que la gente viniera a recibir atención porque había oficiales de ICE en nuestro estacionamiento”, dijo Parinda Khatri, directora clínica de Cherokee Health Systems, un proveedor sin fines de lucro en el condado de Hamblen.

Mientras Tennessee, al igual que otros estados, se embarca en la abrumadora tarea de vacunar a millones de residentes contra COVID-19, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea por una desconfianza generalizada en el gobierno y las fuerzas del orden entre los inmigrantes sin papeles, una población estimada en 11 millones en todo el país.

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